María de Lourdes Ghidoli

Desde el momento en que los esclavos eran considerados al mismo tiempo una cosa y una persona, era inevitable que existieran conflictos entre amos y esclavos. Mientras los primeros buscaban resguardar su derecho de propiedad, los últimos buscaban conseguir su libertad o ganar espacios de autonomía.

En síntesis, durante la primera década revolucionaria defensores de pobres y síndicos procuradores alternaron la representación jurídica de los esclavos en causas civiles, buscando ambos afanosamente rehuir de esta carga pública.

En la Buenos Aires tardocolonial, los esclavos compartían una arraigada cultura jurídica. Estaban familiarizados con ciertas prácticas, saberes y técnicas específicas del ámbito judicial. Por ello apelaron a las justicias como una forma de adaptación y resistencia al medio que los rodeaba.

En este contexto, algunos defensores de pobres y síndicos procuradores al patrocinar judicialmente a los esclavos fueron moderados y propiciaron soluciones negociadas. Buscaron que las aspiraciones de libertad de los esclavos no arrasaran el derecho de propiedad de los amos, aun si para ello debían desacreditar públicamente los reclamos de sus asistidos.

Estas amenazas de revocar la herencia y los repetidos intentos de sujeción de una persona nacida libre sugieren que, para Josefa Warnes, como para otros porteños de las clases esclavistas durante el período de la abolición gradual de la esclavitud, era difícil deshacerse de la lógica que dictaba que amos y amas, patronos o patronas, tenían el derecho de disponer del trabajo y destino de las personas de ascendencia africana, aunque fueran libres o libertas.

En las décadas que duró la abolición gradual de la esclavitud, existieron incontables estratagemas para extenderla de manera encubierta bajo el discurso de la libertad. Los amos podían poner precios prohibitivos para la autocompra que prolongaban el período de servidumbre, podían prestarles dinero a sus esclavizados para comprar su libertad y luego exigir la devolución con intereses usurarios, podían vender servicios de un exesclavizado contratado por estos medios (es decir, “transfiriendo” a otros la deuda de la persona liberada, y con esta el período de servicio), o podían negar a los esclavizados liberados el acceso a sus papeles de libertad.

A lo largo y ancho de Latinoamérica, las mujeres esclavizadas o libres afrodescendientes lucharon para defender sus derechos de maternidad y asegurar la libertad para sus hijos y familiares. Los esfuerzos de Candelaria para asegurar el bienestar de su hija nacida libre, alejándola de su padre y en una condición cercana a la de la esclavitud, parece ser un ejemplo ilógico de estas luchas.

Cabe destacar que en la prensa no surgieron voces contrarias a la emancipación de los soldados libertos. Sin embargo, los amos persiguieron muy activamente, en forma privada, la retribución monetaria prescripta por el Estado, o la devolución del soldado a la condición de esclavitud.

Carecemos del corpus de casos en los que Márquez actuó como para evaluar su desempeño como defensor. No obstante, hizo algo que ningún otro defensor había hecho: publicar en la prensa los casos para no solo obtener un resultado particular positivo, sino con la intención de encender el debate político conducente hacia la abolición. Lo que era nuevo en Montevideo era este pasaje desde los casos judiciales de emancipación hacia la política pública de abolición con argumentos patrióticos.

Los africanos y sus descendientes pidieron su libertad y apoyo material para ellos y para sus familias con este tipo de argumentos. Las comunidades negras también emplearon esta estrategia en peticiones colectivas en el Río de la Plata.